Barcelona 
Según el preámbulo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, uno de sus principales objetivos pretende ser que la potencial víctima del daño derivado de este tipo de accidentes de tráfico vea su daño completamente reparado, tal y como si éste nunca hubiere sucedido (es decir, pretenden situar a la víctima en el estadio anterior a la causación del daño).
Cada año se publica un baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, el cual sirve como método de cálculo para saber el valor que se le da al tipo de daño sufrido (también es usado para calcular indemnizaciones de otros tipos de accidentes, es decir, no sólo de tráfico).
Valoración de los daños y perjuicios
Reparación íntegra del daño
La reparación íntegra del daño aparece, además, como el principio fundamental del sistema de valoración en el artículo 33 de la Ley 35/2015. Aun así, es difícil extraer y calcular hasta qué punto se repara íntegramente el daño sufrido en diferentes situaciones, puesto que no es algo certero, preciso, ni exacto (debemos estar a las especiales circunstancias de cada víctima, ya que es fácilmente posible que de ello derive una reparación desigual y un resultado injusto).
STS sobre las indemnizaciones por accidentes de tráfico
Indemnización por accidente de tráfico | Top-Abogados
Así lo reconoce la STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 10 de febrero de 2006, cuando en el FJ segundo, párrafo cuarto, establece que <<Este criterio hermenéutico se funda en la necesidad de respetar los cánones de equidad e igualdad en la fijación de las respectivas cuantías para hacer efectivo el principio de íntegra reparación del daño sin discriminación ni arbitrariedad; pero su reconocimiento está muy lejos de admitir la existencia de una laguna legal que imponga la aplicación analógica de las normas de tasación legal con arreglo a lo establecido en el artículo 4.1 del Código Civil (…), puesto que la fijación y determinación de determinadas cuantías en el ejercicio de funciones de apreciación o valoración por el juzgador de las circunstancias concurrentes en cada caso, difícilmente previsibles en pormenor por el legislador, constituye una facultad que entra de lleno en la potestad o función jurisdiccional que atribuye el artículo 117.1 de la Constitución a los jueces y magistrados y, por otra parte, como ha subrayado el Tribunal Constitucional, la existencia de distintos sectores de la actividad social en que puede producirse la actividad dañosa determina la existencia de distinciones objetivas y razonables que justifican la posible desigualdad derivada de la existencia en algunos de ellos e inexistencia en otros de criterios legales de valoración del daño (…), circunstancia que por sí sola impide afirmar que entre unos y otros sectores exista identidad de razón en la fijación de las indemnizaciones consecuencia de la actividad productora de daño en cada uno de ellos>>.
Daño moral o extrapatrimonial
Para reparar totalmente el daño se tienen en cuenta tanto las consecuencias patrimoniales derivadas del daño corporal, como las del daño moral o extrapatrimonial, siempre atendiendo a la magnitud del daño causado. Los daños extrapatrimoniales son aquellos que no afectan al patrimonio de bienes presentes o futuros de la víctima (lo que llamaríamos daños patrimoniales), sino aquellos que le provocan un perjuicio en el estado mental, físico o anímico. Este tipo de daños extrapatrimoniales, a su vez, se dividen en daños corporales (los que afectan a la vida y la integridad física, art. 15 CE) y daños morales (regulados en el art. 1902 CC y ss.).
A su vez, el lucro cesante comprende las ganancias que no se pudieron obtener como consecuencia de haber sufrido el daño; a diferencia del daño emergente, que constituiría la reparación del valor del daño o gasto que se padeció.
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